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Un diputado de la oposición denunció mediante redes sociales que una compañía petrolera británica sancionada por operar en las Islas Malvinas accedió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Se trata de Maximiliano Ferraro, legislador nacional y presidente de la Coalición Cívica, quien denunció que Harbour Energy —anteriormente Premier Oil PLC, la misma persona jurídica registrada en el Reino Unido desde 2002— participa con un 15% en Southern Energy, proyecto que el gobierno aprobó para recibir beneficios del RIGI mediante la Resolución 559/2025, a pesar de que la empresa mantiene una inhabilitación vigente hasta 2028.
En un extenso post titulado «Inhabilitada por Malvinas, premiada por el RIGI», Ferraro explicó que en 2021 la compañía Premier Oil cambió su denominación a Harbour Energy. La inhabilitación vigente desde 2013, establecida por la Resolución 481 y basada en la Ley 26.659, se fundamenta en la operación sin autorización en la plataforma continental cercana a las Malvinas. El diputado remarcó que esta norma afecta también a accionistas y controlantes, y que un cambio de denominación no anula las sanciones.
“El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro”, escribió Ferraro.
El diputado exigió explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno sobre cómo se aprobó el proyecto de exportación de gas desde Río Negro sin considerar la inhabilitación vigente, enfatizando que ningún acto administrativo puede ignorar una prohibición legal.
Tras la conferencia de prensa del presidente Javier Milei el jueves pasado, el gobierno anunció una nueva ofensiva contra las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y confirmó que buscará sancionar a 45 empresas y personas relacionadas.
Ferraro agregó: “La Ley 26.659 no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 extiende esta prohibición a la empresa operadora, sus accionistas y controlantes. Además, el artículo 5 prohíbe al Estado contratar con dichas empresas, sus controladas o accionistas. El problema es que Harbour Energy arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI”.
